La Legislatura tucumana analiza los temas que pueden llegar al recinto en una próxima sesión, que sería a fin de mes. Entre los asuntos en estudio hay propuestas sobre las que el vicegobernador Miguel Acevedo tiene especial interés en avanzar, pero quedaron “trabadas” en comisiones por planteos externos o dudas internas.

Una de las propuestas que estaría en condiciones de llegar al recinto son las reformas que solicitó la Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238), Colegio de Jueces y Oficina de Gestión de Audiencias (N° 9.119) y el Código Procesal Penal (N° 8.933). La iniciativa apunta a una actualización normativa, y el reordenamiento y adecuación funcional de las competencias de diversos órganos jurisdiccionales. Se busca que el funcionamiento de los Tribunales sea más ágil, flexible y eficiente frente al aumento de causas y las demandas actuales del sistema.

El proyecto cuenta con dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, y entró en sesión el mes pasado. Sin embargo, planteos formales del Colegio de Abogados y algunas inquietudes que surgieron extraoficialmente desde la Asociación de Magistrados de Tucumán hicieron que el tema sea regresado para mayor análisis. Luego de algunas reuniones para escuchar a las partes interesadas, se indicó que se buscaría avanzar nuevamente con la iniciativa que tiene como primera firma a la legisladora Carolina Vargas Aignasse (presidenta de la comisión).

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En la Cámara también se trabaja con un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo (el primero en 2026) para establecer un nuevo marco normativo que garantice la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad en el sistema provincial, sin la necesidad de que las familias deban hacer trámites en ese sentido. La iniciativa plantea reorganizar el servicio de inclusión escolar, disponer la incorporación de docentes de apoyo a la inclusión dentro de la estructura de las escuelas de educación obligatoria y derogar la actual Ley 9.575.

Perjuicio

La propuesta, sin embargo, se topó con planteos e inquietudes de organizaciones sociales y de familias de estudiantes que cuentan actualmente con una maestra integradora. Trascendió que hay cuestiones que se pueden ajustar para beneficios de todos los niños, dado que el proyecto tal como llegó podría no beneficiar tanto -e incluso perjudicar- a estudiantes que hicieron gestiones de maestras integradoras a través de obras sociales.

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El comité que encabeza Aldo Salomón deberá reunirse próximamente dado que la propuesta no cuenta con dictamen. Además, recientemente se sumó otro proyecto del PE para facilitar la cobertura de cargos de inspectores.

Por otra parte, se busca avanzar con una propuesta del legislador Gerónimo Vargas Aignasse para que se habilite una tutela judicial destinada a disponer la cesación urgente del daño provocado por publicaciones en redes sociales que constituyan en forma manifiesta, inequívoca y acreditada calumnias o injurias. Se aclaró, sin embargo, que se buscará quitarle todo tipo de lectura o vinculación política, para que el único fin sea poder frenar los casos de acoso digital contra adolescentes y jóvenes.